Historia de El Salvador

San Salvador y Sonsonate durante las revoluciones hispánicas: 1808-1821

A inicios del siglo XIX, el actual territorio de El Salvador estaba compuesto por dos espacios administrativos autónomos entre sí, nada más dependientes en lo judicial y político de la  ciudad de Guatemala, capital del Reino que llevaba el mismo  nombre. Estos eran: la Intendencia de San Salvador, cuya capital era San Salvador, y la Alcaldía mayor de Sonsonate,  con su centro administrativo denominado Santísima Trinidad  de Sonsonate. Al igual que todas las provincias de la América hispánica, desde el Virreinato de la Nueva España (actual México) hasta el Virreinato del Río de la Plata (actual Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia), los territorios administrativos
del Reino de Guatemala, incluidos, por supuesto, San Salvador y Sonsonate, eran parte de una monarquía plural. ¿Qué significa esto? Que, según las leyes que regían a estos territorios (las “leyes indianas”), ellos pertenecían a una entidad política confederada, compuesta por numerosos reinos, cuyo centro gubernativo era Madrid, sede del rey y su corte. Para entenderlo mejor veamos unos antecedentes.
Con la dinastía Habsburgo, casa real que gobernó con sus reyes a la Monarquía española desde el siglo XVI hasta el
siglo XVII, la América hispánica fue legalmente considerada como los “Reinos de Indias”. Su estatuto jurídico político no era de “colonia” o territorio de explotación económica al servicio de Madrid. Más bien, las provincias “indianas” o americanas tuvieron sus propias leyes, sus privilegios y deberes muy particulares, gozando, en principio, de los favores de los monarcas. En realidad, la Monarquía española se entendía en aquella época como el cuerpo humano: el rey era la cabeza y los demás miembros lo constituían todos los reinos existentes (los peninsulares, como Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada y los “Indianos” como Nueva España, Nueva Granada, el Reino de Guatemala, entre muchos otros). Gracias a una cultura clientelar el rey había afianzado sus dominios americanos no
solo con la conquista inicial, sino con una relación de favoresy lealtades con sus vasallos.

Si bien, la sociedad de la época carecía de la igualdad moderna que conocemos actualmente, los diferentes tipos de vasallos o súbditos del rey (criollos, indígenas, mestizos, mulatos…) poseían sus privilegios, derechos y obligaciones. Lo cual no significa que en la realidad no se cometieran arbitrariedades y explotación de unos hacia otros.
Empero, no todo lo que acontecía en la cotidianidad era abuso ni debe entenderse así. El siglo XVIII inició para la Monarquía hispánica con una nueva casa dinástica: los Borbones. Los reyes de esta casa de origen francés impulsaron varias reformas con el propósito de “modernizar” la Monarquía. Es más, dentro de ese afán reformador, los ministros de uno de los reyes más emblemáticos de la casa Borbón, Carlos III, comenzaron a utilizar el término
“colonias” para referirse a los Reinos Indianos.

De cualquier forma, la mayoría de los habitantes americanos tenía conciencia de que ellos eran parte de una Monarquía plural, con privilegios y deberes muy particulares, concedidos por los monarcas anteriores. Ahora bien, sería muy simplista afirmar que el siglo XVIII nada más fue una época de excesivo control de la vida cotidiana, que se caracterizó por un monopolio del comercio en beneficio de la Corona o por extremas medidas impositivas de los funcionarios regios hacia los súbditos americanos, siguiendo el proyecto reformista que se habían trazado. Por el contrario, también hubo iniciativas sumamente interesantes como la reforma educativa primaria y universitaria, la formación de nuevas redes de opinión y discusión (Sociedad de Amigos del País), el  fomento agrícola, entre otras medidas. Pero volvamos a los inicios del siglo XIX.

Previo a 1800 en la Alcaldía mayor de Sonsonate habitaban 16,495 indígenas y 8,189 mulatos y españoles (es
decir, tanto criollos como peninsulares), distribuidos en una villa (Sonsonate) y 21 pueblos de indígenas y mulatos. En la Intendencia de San Salvador habitaban, hacia 1807, aproximadamente 89,374 mulatos, 71,175 indígenas y 4,729 españoles, distribuidos en tres poblaciones de españoles (San Salvador, San Vicente y San Miguel) y en más de 120 pueblos indígenas y mulatos. A pesar de que el principal producto de exportación, cultivado y procesado tanto en las haciendas de españoles como en algunas parcelas familiares, fue el añil, también se cultivó y comercializó tabaco, caña de azúcar, cacao, maíz, etc.

Hubo, asimismo, actividad ganadera y minera. Ahora bien, el poder político-económico se ubicaba en las poblaciones de españoles, encabezado por los funcionarios regios (intendentes y alcaldes mayores) y por los ayuntamientos. A estos últimos los integraban los miembros de las prominentes familias criollo peninsulares.

Tanto unos como otros se encargaron, además de administrar justicia, los mercados o las contribuciones, de controlar el “repartimiento”, es decir, el trabajo obligatorio de los indígenas en las haciendas de españoles; asimismo, recolectaban, a través de las autoridades indias en los pueblos (los cabildos), los tributos que pagaban aquellos a la Corona.

Hacia 1808 hubo una crisis inusitada en la Monarquía hispánica, que por supuesto afectó al Reino de Guatemala y a
territorios como San Salvador y Sonsonate. Esta crisis fue parte de una geografía de guerra entre las potencias europeas, la cual estaba modificando al Mundo Atlántico. Napoleón Bonaparte había invadido la Península Ibérica, apresando a la casa real española e imponiendo a su hermano, José, como rey de España e Indias. Previamente, la casa real portuguesa había huido hacia el Brasil, escapando del avance francés.

Este vacío de poder en la Monarquía hispánica suscitó una serie de procesos muy importantes. Las autoridades interinas en la Península Ibérica (las denominadas Juntas), además de apoyar la guerra en contra de las tropas francesas, fueron madurando un nuevo régimen político para la Monarquía.

En América también seformaron juntas en varias ciudades, manifestando su lealtad al rey cautivo, Fernando VII, y tomando las previsiones necesarias ante cualquier noticia que las autoridades interinas en la Península pudiesen anunciar. Pero frente a una coyuntura como esta, no fue extraño que algunos americanos hubiesen propuesto algo que, según su criterio, era inevitable: la independencia de España. Fue así como surgió la insurgencia en la Nueva España, la Nueva Granada, entre otras regiones.

Claro está, la coyuntura la favoreció; sin embargo, desde mucho antes ya venía un descontento en ciertos sectores americanos por las políticas fiscales, monopólicas y excluyentes asumidas durante los Borbones.

La Intendencia de San Salvador fue sacudida por las noticias ocurridas en la Península y a fines de 1808  sus ayuntamientos (para esa fecha había cuatro: Santa Ana, San Salvador, San Vicente y San Miguel) proclamaron su lealtad al cautivo Fernando VII y a las autoridades interinas. Igual hizo el ayuntamiento de Sonsonate. Pero también, las manifestaciones de lealtad vinieron de los pueblos indígenas y ladinos, a través de sus gobiernos locales.

A todos ellos, se les pidió ayudar a la guerra en contra de los ocupantes, haciendo donativos económicos. Aún con todo, la situación no solo era de guerra. En 1809 la Junta Suprema Central y Gubernativa de España e Indias, órgano que había asumido el control político a nombre de Fernando VII, además de manifestar la igualdad de derechos
entre españoles y americanos, invitó a estos últimos a elegir o nombrar sus diputados para integrarla. Comenzaba aquí a desencadenarse lo que varios historiadores han denominado “las revoluciones hispánicas”. Veámoslo.

Los ayuntamientos de la Intendencia de San Salvador participaron de este evento nombrando a individuos como el cura de San Vicente, Manuel Antonio Molina o el de San Miguel, Miguel Barroeta; de entrede ellos y los representantes de las otras regiones que integraban el Reino de Guatemala (Chiapas, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) se elegiría al que integraría la Junta Suprema Central. Pero al final, ninguno pudo integrarla por lo conflictivo de la situación. Nuevamente, en 1810, el Consejo de Regencia, órgano sustituto de la Junta, convocó a los ayuntamientos americanos para nombrar a su diputado a Cortes. En el caso de la Intendencia sansalvadoreña, salió electo el cura de San Miguel, José Ignacio Ávila.

Las Cortes fue una institución antigua de la Monarquía hispánica. Consistía en un congreso de diputados electos o
nombrados por las ciudades y villas, a excepción de las americanas, para aconsejar al rey sobre temas político  económicos importantes.

Sus integrantes procedían también de la nobleza y la Iglesia, de tal manera que estaban representados los sectores
o “estamentos” que componían a una sociedad jerárquica como lo era la hispánica. Por la tradicional ausencia americana es que el Consejo de Regencia estaba transformando la política de la Monarquía al invitarlos a que eligieran sus diputados a unas Cortes que tendrían un carácter transatlántico.

Todavía más revolucionario fue el que este congreso, al iniciar sus sesiones el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León (Cádiz), proclamara la soberanía nacional, es decir, que la suprema potestad ya no residiría en el rey sino en la Nación española, en la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Meses más tarde se fueron incorporando a las sesiones los diputados americanos, entre ellos el de San Salvador, José Ignacio Ávila.

Todos, el 19 de marzo de 1812, sancionaron y juraron la Constitución política de la Monarquía hispánica. Por primera vez, la Monarquía tendría un código jurídico compuesto por diputados de ambos lados del Atlántico, quienes representaban a la Nación soberana.

Un código que limitaba el poder y distribuía su ejercicio en una instancia legislativa (las Cortes), una ejecutiva (el  rey) y en los tribunales de justicia; un código quere conocía la igualdad civil y la ciudadanía a amplios sectores de
la población americana, que defendía la libertad de imprenta en temas políticos, que transformaba los territorios a partir de la elección de nuevas autoridades (diputaciones provinciales y  ayuntamientos constitucionales), entre otros aspectos.

Cuando la Constitución de 1812 decía que la Nación era la reunión de todos los “españoles” no se refería únicamente
a los nacidos en la Península Ibérica. Eran parte de ella, eran españoles también, los indígenas, los mestizos, mulatos, etc. Fue, entonces, en este escenario de las revoluciones hispánicas en el que ocurrieron dos episodios importantes para la Intendencia de San Salvador y la Alcaldía mayor de Sonsonate.

Entre los años de 1811 y 1814, la Intendencia fue sacudida por conatos de revueltas y alzamientos de cierta envergadura. Durante el mes de noviembre de 1811 hubo varias revueltas en la capital y en otras poblaciones exigiendo la supresión del monopolio del aguardiente y tabaco así como de los tributos; se exigió la libertad para los curas señalados de estar vinculados a los proyectos insurgentes de Hidalgo y Morelos en la Nueva España (los curas Aguilar).

Otros se sublevaron porque estaban vinculados a dichos proyectos rebeldes regionales o por el descontento con las autoridades peninsulares de San Salvador y con el poder de los comerciantes-exportadores guatemaltecos. Los sublevados de la capital hicieron un llamamiento a los demás pueblos para formar una especie de junta interina, pero todo fue en vano.

A pesar de haber sido sofocados de manera pacífica por las autoridades de Guatemala, los conatos de sublevación se mantuvieron hasta que en enero de 1814

nuevamente la Intendencia se vio sacudida por otra revuelta, aunque en esta las intenciones independentistas eran más claras. Como vemos, no hubo un único proyecto insurgente, sino varias iniciativas que coexistieron
(independentistas, descontentos por motivos económicos, disputas entre los grupos de poder, etc.). Además, la participación de los sublevados fue amplia: criollos, indígenas, mestizos, mulatos y mujeres, cada grupo exigiendo de acuerdo a sus intereses particulares. Por otra parte, si los indígenas demandaron la supresión de tributos fue porque ya sabían que las Cortes reunidas en Cádiz lo habían ordenado, pues aquellos eran considerados españoles como los demás grupos étnicos y, por tanto, sujetos de los mismos derechos y obligaciones que los blancos.

El otro episodio, ocurrido gracias a las revoluciones hispánicas, fue el de los procesos electorales desencadenados entre 1812 y 1813. Por ellos, indígenas, mestizos y muchos mulatos formaron sus gobiernos locales y eligieron a sus representantes tanto para la diputación provincial, con sede en ciudad de Guatemala, como para las Cortes en Cádiz. Se ha creído hasta ahora que lo más importante de este período fueron las sublevaciones de 1811, cuando a la vez hubo otras formas cómo los pueblos pudieron hacer sus peticiones, exigir sus demandas o manifestar su condición jurídica dentro de la sociedad. Por vez primera, los hombres casados y con un oficio, pertenecientes a aquellos grupos étnicos, quienes fueron considerados anteriormente por la Corona como “menores de edad” en términos de
participación política, hicieron uso de su derecho ciudadano para elegir a sus autoridades locales, regionales y nacionales.
La tranquilidad de los pueblos de pronto se vio interrumpida por una fiebre electoral y ciudadana nunca vista. Es cierto que los mecanismos electorales no consideraban todavía el voto directo; no obstante, se había dado un gran paso en la construcción de una experiencia política al interior de los pueblos, hasta ese momento no imaginada, y de la que, posteriormente, los gobiernos republicanos aprovecharían para fortalecer a sus instituciones.

Las nuevas autoridades locales elegidas en lospueblos  indígenas y mulatos tendrían el mismo poder que las criollas; ninguna autoridad quedaría sujeta a otra porque la Constitución reconocía la igualdad de todos ante la ley. Con
esto, lo criollos ya no tendrían argumentos para explotar la mano de obra indígena en sus haciendas, pues se verían frenados por las nuevas autoridades de los pueblos.

Por otro lado, los ciudadanos eligieron a las autoridades regionales, denominadas por la Constitución de 1812 como
diputaciones provinciales. Estas fueron pequeños congresos en donde se deliberaban asuntos de carácter económico y social de mucha incumbencia para las poblaciones. En el Reino de Guatemala hubo dos sedes de dichos organismos: Guatemala y León (Nicaragua). Tanto la Intendencia de San Salvador como Sonsonate dependieron de la diputación de Guatemala.

Los representantes de San Salvador y Sonsonate en aquella diputación fueron José Matías Delgado y José Simeón Cañas, respectivamente. Pero al regresar Fernando  II de su cautiverio en 1814, con la expulsión de los franceses de la Península Ibérica, todas las instituciones creadas por las Cortes y la misma Constitución fueron disueltas. ¿Cabría pensar, entonces, que el experimento constitucional en estas tierras fue pasajero, sin importancia e impacto? Realmente no.

En 1820, se le forzó a Fernando VII re-instituir el régimen constitucional y así sucedió. Se reinstalaron las Cortes en Madrid, la Constitución de 1812 y las instituciones, derechos y transformaciones políticas desatadas años antes. Es cierto que las revoluciones hispánicas tuvieron muchos vacíos y desaciertos: a las mujeres no se les reconoció la ciudadanía, no fue disuelta la esclavitud de la población afrodescendiente, la igualdad ante la ley no siempre funcionó en la práctica, los diputados peninsulares fueron muy reacios al aceptar varias propuestas americanas

Con todo, y paradójicamente, estas revoluciones no solo posibilitaron a la región centroamericana independizarse en 1821 de España; independencia que asimismo fue impactada por el federalismo estadounidense y la revolución francesa. Las revoluciones hispánicas también heredaron algunas instituciones, principios y mecanismos por los que el nuevo régimen republicano, nacido de la Independencia, pudo diseñar su sistema socio-político.
Es más, esta herencia fue aprovechada por indígenas, mestizos y mulatos para continuar haciendo respetar sus derechos más allá de la utilización de estrategias insurgentes.

Independencia y república

Las ideas independentistas fueron evolucionando en América Central desde la posición de autonomía defendida en
San Salvador el 5 de noviembre de 1811 hasta la declaración de independencia absoluta de España o México en 1823.

El acta del 15 de septiembre de 1821 no significó la independencia absoluta de las antiguas provincias del Reino de Guatemala. De hecho, una provincia de dicho Reino, Chiapas, declaró antes del 15 de septiembre su ruptura con España y su anexión a México.

Al conocer la declaración del 15 de septiembre de 1821, las diferentes provincias, las ciudades de León, Cartago y Comayagua, la aceptaron, pero simultáneamente se anexaron a México, de tal manera que América Central quedó dividida en una parte independiente y otra anexada a México. Quetzaltenango, por ejemplo, se anexó el 15 de noviembre a México.

La Junta Provisional Consultiva nombrada para gobernar se vio forzada a abandonar la propuesta de organización de un congreso el 2 de marzo de 1822, previsto en el Acta de Independencia, para discutir la constitución que se debía adoptar y convocó a una consulta o referéndum el 29 de noviembre de 1821 para decidir su futuro político. Se consultó la opinión de los ayuntamientos, y el 2 de enero de 1822 se conoció el resultado: 104 a favor de la anexión; 11 a favor con condiciones; 21 a favor de que decidiera el congreso del 2 de marzo; 32 dejaron la decisión en manos de la Junta Provisional Consultiva; San Salvador y San Vicente votaron en contra de la anexión. De tal manera que el
5 de enero de 1822 se declaró oficialmente la anexión a México con la oposición frontal y  decidida de San Salvador.

José Cecilio del Valle, miembro de la junta, publicó un voto disidente señalando que los que votaron a favor tenían derecho a hacerlo, pero criticó el método ya que según él ni los ayuntamientos ni la junta tenían autoridad para tomar dicha decisión; además,  esta no fue tomada libremente ya que se hizo bajo la presión mexicana y también en Guatemala se sabía que las personas que controlaban las tropas estaban a favor de la anexión.

Valle a pesar de esta crítica fue electo diputado al congreso mexicano. Los debates alrededor de la independencia de España y la anexión a México muestran las motivaciones y preocupaciones que tenían los defensores de cada posición.

Las noticias de la independencia de la mayor parte de América del Sur y el éxito del proceso de independencia en México ejercieron eran influencia en América Central.

El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide, un oficial realista, cambió de bando y junto a Vicente Guerrero proclamaron el Plan de Iguala. Las tropas realistas se rindieron el 13 de septiembre de 1821 e Iturbide ingresó a la ciudad de México el 27 de septiembre del mismo mes.

El Plan de Iguala le pareció muy atractivo a muchos centroamericanos porque proponía una monarquía constitucional, garantizaba la independencia, respetaba la religión católica y promovía la unión de españoles y americanos. La maduración de las ideas a favor de la independencia tenían un desarrollo propio en América Central y políticamente el proceso fue muy original e interesante. Desde el punto de vista militar, México y América del Sur llamaron más la atención.
Hay cuatro discusiones fundamentales que explican las posiciones adoptadas en el debate de la independencia y
anexión a México. En primer lugar, preocupaba la viabilidad de una América Central independiente. En ese territorio la independencia nunca se vio con mucho optimismo porque la región económicamente estaba en bancarrota y su principal producto de exportación, el añil, estaba en crisis.

Los líderes que trabajaron por la anexión dudaban de la capacidad de América Central para ser autosuficiente. Esto no debe extrañar pues Simón Bolívar propuso la organización de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador) porque dudaba de la capacidad de Venezuela para ser autosuficiente.

Si se dudaba de la capacidad de América Central para ser autosuficiente, los centroamericanos debieron sentir horror al tratar de hacer autosuficientes a las cinco Estados que se configuraron luego de la ruptura de la unidad centroamericana en 1838.

La idea de pertenecer a un gobierno con un territorio del tamaño de Nueva España y el Reino de Guatemala juntos era muy atractiva y en el contexto de los grandes imperios justificable.

En segundo lugar, los partidarios de la anexión a México expresaban una preferencia por la forma de gobierno definida como monarquía constitucional propuesta en el Plan de Iguala. Juan José Aycinena lo expresó claramente al decir que apoyó la anexión a México porque estaba convencido de que Inglaterra era grande por tener esa forma de gobierno. Él aspiraba a tener un gobierno que pudiera convertir gradualmente al país en “tan poderoso, ilustrado y opulento como la  Gran Bretaña”.

Esta idea de la monarquía constitucional tenía su precedente en las instrucciones presentadas por el Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala a su diputado a las Cortes de Cádiz en 1810, y a la misma Constitución española de 1812. Esta posición era razonable en un contexto político e intelectual donde la constitución inglesa despertaba mucha admiración y respeto.

No olvidemos que Francisco de Miranda y Simón Bolívar hicieron grandes elogios de esa Constitución. En tercer lugar, los que se oponían a la anexión a México, y en concreto el liderazgo de San Salvador y minorías en la Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, Granada, y San José, aspiraban a establecer un gobierno bajo los auspicios de la igualdad, es decir, un gobierno popular republicano y representativo cuyo ejemplo se desarrollaba con éxito en los Estados Unidos de América.

En cuarto lugar, en la mayoría de las provincias se desarrolló una aspiración por superar control estricto de la Ciudad de Guatemala. En el caso de la anexión a México, el control centralista solo cambiaba de sede de Guatemala a México. Por esa razón defendieron el principio federal en la Constitución. San Salvador fue férreo adepto del  gobierno representativo y del federalismo. Las posiciones en contra de la anexión a México eran tan razonables
como las que estaban a favor.

La anexión a México no funcionó como se esperaba por tres razones. En primer lugar, para los mexicanos fue imposible establecer el imperio mexicano. No contaban con la base aristocrática que es el fundamento natural de una monarquía.

El rechazo de un miembro de la dinastía de los Borbones a asumir la corona mexicana obligó a proclamar emperador a Agustín Iturbide. Iturbide cometió el error de marginar del gobierno a los insurgentes. Estas razones dejaron sin apoyo al emperador, quien fue forzado a abdicar el 19 de marzo de 1823. En segundo lugar, en América Central se pensaba que las riquezas mexicanas ayudarían a solventar los problemas económicos centroamericanos.

Todo lo contrario: México empezó a exigir contribuciones que no se estaba en posición de aportar. En tercer lugar, la oposición de San Salvador y San Vicente a la anexión a México fue férrea y tuvo que resolverse por la vía militar. El desarrollo de esta lucha creó las condiciones internas para que una vez colapsado el imperio mexicano se convocara a
la Asamblea Nacional Constituyente, la cual el 1 de julio de 1823 declaró la independencia absoluta de las Provincias Unidas de América Central… Con razón se define a San Salvador como la cuna de la independencia.

San Salvador conoció la decisión de la anexión a México y declaró su independencia de Guatemala y México el 11 de enero de 1822. José Matías Delgado fue nombrado Jefe Político y Manuel José Arce, comandante militar. El 29 de mayo Iturbide reemplazó a Gabino Gaínza como jefe político en Guatemala por el brigadier Vicente Filísola, quien asumió funciones el 21 de junio.

El 3 de junio, San Salvador derrota en la misma ciudad a las tropas enviadas de Guatemala para sofocar la rebelión
bajo el Mando del general Manuel Arzú. El 26 de octubre Filísola empieza a movilizar tropas hacia San Salvador.

El 12 de de noviembre el Congreso de San Salvador declaró la anexión condicional a México. Esta propuesta fue rechazada en México y San Salvador tomó la decisión de resistir militarmente al Imperio Mexicano. El 22 de noviembre, como medida de protección, el Congreso de San Salvador tomó la decisión de anexarse a Estados Unidos de América. Esta decisión nunca fue discutida por el gobierno de ese país.

Filísola sitió San Salvador, pero la ciudad se rindió luego de heroica resistencia. San Salvador celebró dicha gesta como un acto heroico por muchos años. El 19 de marzo abdicó Iturbide y ante el vacío político Filísola fue
convencido para convocar a la Asamblea estipulada en el Acta de Independencia. Las sesiones comenzaron el 29 de junio y el 1 de julio de 1823 se declaró la independencia absoluta.

Por su protagonismo a favor de la independencia de España y por su lucha contra la anexión a México, los líderes de San Salvador y un pequeño grupo de líderes de Guatemala asumieron un gran protagonismo en la definición de las instituciones políticas de la América Central independiente.

José Matías Delgado fue nombrado primer presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Manuel José Arce,
de San Salvador; Juan Vicente Villacorta, de San Vicente, y Pedro Molina, líder liberal de Guatemala, fueron nombrados para el triunvirato a cargo del poder ejecutivo; y José Francisco Barrundia, de Guatemala, adepto a la república antigua, fue nombrado como presidente de la Comisión de Constitución.

La Asamblea Nacional Constituyente fue un cuerpo distinguido y, sobre su trabajo, Manuel Montúfar y Coronado dijo lo siguiente: “Logró unir las cinco provincias. En el momento de su clausura, el 23 de enero de 1825, dejó electos todos los gobiernos de los Estados. Abolió los privilegios hereditarios, permitió irrestricta libertad de expresión, estableció la tolerancia de la práctica privada de cualquier religión, promulgó la ley para estimular la inmigración, organizó el sistema de tarifas, desarrolló un proyecto para hacer un canal en Nicaragua y tomó la iniciativa para hacer un congreso americano en Panamá”. Detrás de las acciones de la asamblea había un espíritu humanista, igualitario e ilustrado.

La falla de la Asamblea Nacional Constituyente fue aprobar una constitución interesante, pero llena de contradicciones y difícil de practicar; una constitución que no estaba adaptada al espíritu, las aptitudes, el nivel educativo y las costumbres del pueblo centroamericano de la época.

¿Cuáles eran las contradicciones principales en la Constitución? En primer lugar, en la organización de los poderes del Estado. Se adoptó la separación de poderes de Montesquieu entre ejecutivo, legislativo y judicial. Por ello aparece un poder legislativo investido en el Congreso federal, un poder ejecutivo investido en un presidente y un poder judicial investido en una Corte Suprema de Justicia. Pero además se creó un cuarto poder llamado “Senado”, que era un cuarto poder y que asumía funciones de los otros tres.

Era parte del legislativo porque tenía el poder de veto, era parte del ejecutivo porque los ministros del ejecutivo respondían a ese cuerpo, y era parte del poder judicial porque era cámara de justicia para conflictos entre los
estados. El senado centroamericano era un poder absoluto, capaz de paralizar el funcionamiento de la Constitución.
El segundo aspecto más observado es que la Constitución de 1824 no era realmente federal. La Asamblea Nacional Constituyente no reconoció en la Constitución la soberanía de los estados como corresponde a una constitución federal.

Desde ese punto de vista era una constitución centralista. Desde el punto de vista de los impuestos es una constitución confederal, ya que el gobierno federal no tenía estructura propia para captar sus impuestos, sino que dependía de que los colectaran para éllos gobiernos estatales. Se puede concluir que la Constitución de 1824 pretendió ser simultáneamente federal, centralista y confederal. Y las contradicciones salieron a flote durante la
guerra civil.

¿Cuál república? Las iniciativas de organización política centroamericana

En 1823, las antiguas provincias del Reino de Guatemala decidieron establecer un sistema político republicano. Durante un siglo (1823-1921), los estados centroamericanos debatieron diversas propuestas de unión política: la federación, la confederación y la república unitaria. En este esfuerzo se destaca la participación de El Salvador, Honduras y Nicaragua como gestores constantes de la gran República. Pero estos proyectos, en lugar de propiciar el consenso, llevaron al enfrentamiento. Al final, en la década de 1920, la última propuesta fue desarticulada por las guerras internas y la influencia de los Estados Unidos.

Durante las primeras décadas de experiencia republicana, la sociedad centroamericana todavía era una sociedad
de cuerpos o estamentos: ayuntamientos, órdenes religiosas, pueblos de indios, gremios, milicias y cofradías organizados en torno a un interés común.

A partir de 1812, bajo la influencia de la Constitución de Cádiz, se organizó un sistema electoral indirecto a través de tres niveles de elecciones, la participación fue amplia en la base y en la cúspide unos pocos que podían llegar al poder al llenar los siguientes requisitos: vecinos de las ciudades o villas, mayores de 25 años, casados, poseedores de bienes o con profesión u oficio.

La política entonces funcionaba a través de grupos o facciones llamadas de forma diferente, según el interés en juego. Es hasta finales del siglo cuando se organizan los partidos políticos. Los diputados, senadores, magistrados, autoridades federales y estatales provenían de las diferentes redes de familias poderosas establecidas en las ciudades capitales.

El liderazgo político y militar tenía tintes locales desde donde se entretejían las alianzas para ascender o descender a la cúspide del poder estatal. En junio de 1823, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente de las provincias del Reino de Guatemala; la Carta Magna fue firmada el 22 de noviembre de I824, a partir de entonces se organiza la República Federal de Centroamérica.

Las constituciones adoptaron la división de poderes, el poder ejecutivo fue ejercido por un ciudadano electo; en el gobierno federal se llamó presidente y en el estatal, jefe de estado; el poder legislativo correspondía al Congreso y Senado federal y a las asambleas de los estados, pero hubo otro órgano: el consejo representativo o conservador; y el poder judicial lo ejercía la Corte Suprema de Justicia federal y las cortes de justicia estatales.

El primer conflicto entre poderes duró tres años (18261829). Durante la guerra, Manuel José Arce era el presidente
de la Federación y enfrentó al grupo de liberales guatemaltecos cuyas figuras más conocidas eran Mariano Gálvez y Juan Francisco Barrundia. Arce en un intento de conciliación –utilizando los medios institucionales– intentó reunir un congreso extraordinario en el poblado salvadoreño de Cojutepeque, también procedió a una negociación con las autoridades cuzcatlecas, pero fracasaron; y, al propiciar una nueva elección en Honduras, complicó aún más su situación; la Federación se enfrentó a tres estados: Guatemala, El Salvador y Honduras.

Finalmente, en 1829, Francisco Morazán, hondureño, quien se había destacado en la resistencia contra las tropas federales, derrotó en ciudad Guatemala a los grupos que apoyaban a Manuel José Arce. En la década de 1830 Morazán ocupó el Ejecutivo federal en dos períodos continuos; su mandato se caracterizó por tratar demponer el modelo federal de 1824 por la vía militar.

En esos mismos años, destaca Mariano Gálvez, jefe de estado de Guatemala, porque propició un gobierno liberal.
Entre El Salvador y la Federación, la formación de un obispado, en 1825, provocó su distanciamiento. Esta situación
es otra forma de la disputa  por la soberanía entre la entidad estatal y federal.

Otras invasiones se ofrecieron en 1832, cuando las tropas de Morazán destituyeron al jefe de Estado José María
Cornejo y en su lugar colocó a Mariano Prado. Al mismo tiempo, las autoridades salvadoreñas sufrieron levantamientos internos –el más importante fue el de Anastasio Aquino, en 1833– que lograron debilitar su posición ante las tropas federales. En 1834, después de tensiones con el gobernante guatemalteco Mariano Gálvez, Morazán invadió nuevamente e instaló el distrito federal en la ciudad de San Salvador. Al año siguiente depuso al jefe de Estado Nicolás Espinoza.

Esta situación fue un punto de rupturas entre liberales guatemaltecos y salvadoreños. En el caso de Nicaragua, la disputa por la soberanía entre dos municipios, León, que controlaba la región de occidente, y Granada, que tenía su influencia en el oriente, se expandió hasta la década de 1850. Algunas veces el Ejecutivo federal nvío tropas federales para pacificarla. Por su parte el estado hondureño también fue invadido en 1827 y en 1832, cuando su Asamblea Constituyente estaba discutiendo la reforma de la Constitución de 1824.

En cambio, Costa Rica sostuvo una relación excepcional con la Federación, a pesar de que no difería del comportamiento de los otros estados, nunca organizó un ejército ni declaró la guerra a la autoridad federal; además, se mantuvo al margen de los conflictos.

En la década de 1830, los estados comenzaron a reclamar una reforma constitucional; en 1835 se procedió a la misma, pero al final no hubo acuerdo entre los grupos políticos porque no reflejó el interés de las antiguas provincias: deseaba una confederación. Entre los años de 1838 y 1839, se inició el separatismo. Los ejércitos de Honduras y Nicaragua le declararon la guerra al poder central e invadieron El Salvador, sede de los poderes federales. Morazán salió al exilio y trató, desde Costa Rica, de reactivar la Federación, pero fue apresado y fusilado
en aquel país.

Sin embargo los intentos de organización política centroamericana persistieron, pero las propuestas se dieron bajo
tres modelos: una república unitaria, una confederación y una república federal. Las diversas facciones políticas no lograron alianzas o acuerdos duraderos.

Al parecer la presencia de los localismos fue una limitación que debilitó los procesos de negociación y de consenso.
Uno de los ejemplos a seguir era el modelo de la confederación Suiza, quien en su pacto de 1815, establecía el respeto
al territorio de los cantones, y estos decidían sobre la moneda, recaudación fiscal, aduanas, correos, pesos y medidas; podían, además, realizar tratados militares con el exterior.

Los cantones, grandes o pequeños, tenían un voto en la Dieta –órgano de consulta-; y los cantones de Zúrich, Berna y Lucerna asumían por turno el papel de cantón director. El gobierno confederal podía inspeccionar los ejércitos cantonales y ocuparse de los asuntos de política exterior y las relaciones diplomáticas.

Otro modelo, el de la Federación Norteamericana, establecido en la Constitución de 1824, tenía un carácter centralizador donde los estados reconocían las obligaciones políticas, económicas, militares y de política exterior determinadas por el gobierno federal; además, la ciudadanía se establecía con una doble identidad, la de su estado y la de la nación norteamericana. En la realidad prevaleció la identidad local, se era quezalteco, sansalvadoreño o leonés, pero no se llegó a construir una identidad centroamericana.
Una tercera vertiente fue la formación de una república unitaria, donde las antiguas provincias, ahora estados, se
convertían en departamentos, trastocando con ello los antiguos límites e intereses de los grupos provinciales. En todas las propuestas de organización, también fue un conflicto la delimitación de la capital de la República Centroamericana.

La confederación tuvo tres propuestas. En 1842, una convención, llamada la Dieta de Chinandega –ciudad al occidente de Nicaragua– estableció una confederación, siguiendo el modelo Suizo. Organizaron dos instancias de gobierno, el poder ejecutivo y legislativo estaba concentrado en un supremo delegado, el cual gobernaría con un consejo consultivo.

El consejo se componía de un delegado por cada uno de los cinco estados; y el poder judicial residiría en un Tribunal, integrado por un representante electo por la asamblea de cada estado. El gobierno residió en la ciudad de San Vicente, en el estado de El Salvador, pero no logró subsistir. Le siguió una segunda iniciativa cuando Doroteo Vasconcelos fue electo presidente de El Salvador. Entre 1848 y 1851, propició el pacto de la Dieta de Nacaome, la reactivación de la Dieta de Chinandega, pero al final, en noviembre se firmó un convenio en la ciudad  e León,
Nicaragua, para dar origen a la Representación Nacional de Centro América con la participación de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El proyecto feneció debido a la derrota salvadoreña ante las tropas de Rafael Carrera. El tercer esfuerzo sucedió
entre 1887 y 1889. A la tercera reunión de plenipotenciarios –llamados congresos– se firmó en la ciudad de San Salvador, un acto de unión provisional”. El proyecto retoma la propuesta de 1842 y 1848: establecer una dieta o confederación; para ello se convocó a una constituyente en 1890, pero no procedió por un golpe de estado al Gobierno salvadoreño.

A su vez existieron dos proyectos de una república unitaria. La primera en 1862, cuando Honduras, El Salvador y Nicaragua presentaron un proyecto titulado República de Centroamérica; los organizadores eran el nicaragüense
Máximo Jerez y el salvadoreño Gerardo Barrios. La división político-administrativa sería a partir de seis provincias –dos por cada uno de los estados mencionados–, en la provincia de San Miguel, de El Salvador, se establecería el distrito del Gobierno Nacional.

En esta desaparecían los estados constituidos, por ello no habría jefe de estado, sino un gobernador de la provincia. Para dar inicio, se convocaría a un congreso nacional constituyente y el presidente de Guatemala ejercería
el gobierno interino. La segunda iniciativa fue presentada en 1885. El presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, emitió un decreto donde proclama la unión de Centroamericana en una república unitaria; al mismo tiempo asumía, de forma interina,  como supremo jefe militar de Centroamérica. Convocó a una asamblea general, compuesta por 15 delegados por cada uno de los estados.

El órgano legislativo debía elaborar una constitución, designar la capital y la residencia de los supremos poderes.
Los propósitos antes expuestos no prosperaron debido a las guerras entre los estados. Las últimas pretensiones de organización política se dieron a finales del siglo XIX y durante la década de 1920. Entre los años de 1895 y 1898, se propició la República Federal de los Estados Unidos de Centro América, retomando el modelo de 1824. Esta vez, se elaboró una Carta Magna, que definió las funciones del poder legislativo en dos cámaras, la de diputados y la de senadores; el ejecutivo ejercido por un presidente y el judicial en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los
conflictos entre los gobernantes derrumbó el plan.

Durante las primeras décadas del siglo XX, se dieron iniciativas para propiciar la estabilidad del istmo. En 1907,
contando con el respaldo de los presidentes de Estados Unidos y de México, se desarrollaron en Washington las Conferencias Centroamericanas de Paz. De estas negociaciones se firmaron varios documentos: el Tratado de Paz y Amistad; la Convención Adicional al Tratado General; la Convención para el Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana; el Protocolo Adicional a la Convención de la Corte; la Convención de Extradición; la Convención para el Establecimiento de una Oficina Internacional Centroamericana; la Convención para el establecimiento de un Instituto Pedagógico Centroamericano; la Convención de Comunicaciones y  la Convención sobre Futuras conferencias Centroamericanas.

La cercanía de los festejos del primer centenario de la Independencia y la iniciativa de un grupo de políticos e intelectuales centroamericanos dieron vida a otro proyecto. El Pacto de Unión de Centroamérica, firmado en San José, Costa Rica, el 19 de enero de 1921, convocó a una Asamblea Constituyente. La constitución firmada en septiembre del mismo año establecía una gobierno federal, como el de 1824 y 1895.

Pero la tan anhelada república centroamericana se vino abajo. Dos factores influyeron, la inestabilidad política interna de algunos estados y las presiones del gobierno norteamericano a quien no convenía tal iniciativa. La disputa por los ingresos fiscales, las invasiones federales, las divisiones a lo interno de cada estado, la posibilidad de establecer relaciones comerciales externas propias, la falta de un mercado interno, la disputa por la hegemonía entre los gobernantes, la falta de mecanismos de resolución de conflictos, la falta del consenso y de alianzas, la persistencia de una ciudadanía local y no centroamericana han sido señalados como limitaciones para poder organizar la patria grande.Los nuevos intentos que surgieron en la década de 1950 y 1960 ya no son de carácter político, sino económico.

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